Todos los servidores públicos tendrán que hacer declaración patrimonial.

En los próximos días se publicarán en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los nuevos formatos de declaración patrimonial, de intereses y fiscal para los más de 9 millones de funcionarios públicos del país. Esto luego de que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) actualizó la documentación de la conocida como 3 de 3.

Y no es broma, al decir “todos los servidores públicos” no se exagera, pues ahora se incluye a todos los empleados del gobierno; desde policías, maestros y enfermeras, hasta directores de área y secretarios de Estado. La diferencia es que habrá dos tipos de formato: la completa y la reducida, que será para quienes no ostentan un cargo público a nivel dirección.

Esta información se dio a conocer en un taller con medios de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) sobre los formatos de declaración, impartido por Bernardo Rojas, director general de Vinculación Interinstitucional y Rigoberto Martínez, director general de Asuntos Jurídicos.

Los datos de las declaraciones, pese a que deberán ser presentados por todos los ciudadanos, sólo podrán ser consultados por las autoridades en su totalidad, pues algunos son considerados como “datos personales” y no podrán ser consultados por los ciudadanos.

Todas las personas que tengan un empleo, cargo o comisión en algúna dependencia o ente público, ya sea a nivel federal o local; es decir, se incluye también a representantes de elección popular, miembros del Poder Judicial y funcionarios de la Administración Pública, así como servidores de los órganos autónomos y del Congreso de la Unión, entre ellos diputados y senadores.

Aunque el Artículo 108 de la Constitución incluye a los miembros de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado, los consejeros independientes que los integren estarán exentos de presentar su declaración.

Asimismo, para quienes tengan un cargo menor a jefe de departamento u homólogo solo deberán llenar la versión reducida, la cual incluye datos generales, el domicilio, datos curriculares, experiencia laboral e ingresos netos. Estos funcionarios no deberán publicar información sobre pareja, adeudos, pasivos ni declaración de intereses.

En el caso del Poder Judicial de la Federación, estarán sujetos a interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya que tienen actualmente un formato de declaración de intereses más extenso.

Datos generales, domicilio del declarante, datos curriculares, datos del empleo, experiencia laboral, datos de la pareja, datos del dependiente económico, ingresos netos tanto del declarante como de su pareja y dependientes económicos, si desempeñó un cargo público anteriormente, bienes inmuebles, vehículos, inversiones, cuentas bancarias y activos y pasivos, así como préstamos.

No obstante, aunque toda la información deberá ser llenada, no toda estará disponible para los ciudadanos. Por ejemplo, los ingresos de la pareja, la ubicación de los inmuebles y datos personales como CURP y RFC.

En este rubro se debe informar la participación que se llegue a tener en alguna empresa, sociedad o asociación; la representación que se tiene; los clientes principales, beneficios privados que ha obtenido y fideicomisos.

A partir de la aprobación de la modificación del formato, se estableció que la fecha límite para que los funcionarios presenten su declaración es el 31 de diciembre de 2019.

Luego se hará como actualmente se entregan. Existen tres tipos de formatos: el de inicio, que se presenta a más tardar seis meses después de que se ingresa al servicio público; la de conclusión, que es cuando termina, y la modificación que se presenta cada año en el mes de mayo.

Tras la reforma anticorrupción de 2015, se aprobaron siete leyes reglamentarias que acompañan la legislación, una de ellas es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual establece la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.

Por ello, se acordó hacer un nuevo formato que debe ser homologado en todo el país. La información será presentada exclusivamente en formato electrónico para que pueda ser compatible información de los estados y municipios. Todos estos datos estarán en la Plataforma Nacional Digital.

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