Conacyt quiere eliminar contrapesos en política científica.

El viernes 8 de febrero la dirección general del Conacyt, a través de la legisladora Ana Lilia Rivera del partido Morena, presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, en la que se proponen amplias y diversas modificaciones a la actual Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, vigente desde 2002. En ella se establece la concentración de las decisiones en la propia dirección general y en la junta de gobierno del que se llamará Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), eliminando organismos y procedimientos de consulta. Si bien es cierto que en los hechos no venía funcionando, en la iniciativa desaparece el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, supuestamente un órgano de coordinación política y de donde se supone que emanaba la política científica de cada sexenio. Eso nunca ocurrió. En teoría era encabezado por el presidente del país. También existe la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la que participan los directores de los consejos de los estados y es presidida por el director general del Conacyt. Sin embargo, tenía poca capacidad de decisión y básicamente se dedicaba a aplaudir los programas implementados desde el Conacyt. Aún antes de la ley de 2002 se crearon organismos y asociaciones con el objetivo de involucrar a la mayor cantidad de instituciones y personalidades para tratar de demostrarle a la clase política mexicana el papel clave de la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país. Sin embargo, con el tiempo muchas de estas asociaciones dejaron a un lado su función. Se convirtieron en parte del sistema, del stablishment. En los últimos tres sexenios, salvo contadas excepciones (Octavio Paredes, en la Academia Mexicana de Ciencias, y Juan Pedro Laclette, en el Foro Consultivo), no asumieron una postura crítica frente las políticas científicas del ejecutivo, sin importar lo equivocadas u ominosas que fueran. Me parece que en este sentido la propuesta es correcta, sin embargo, considero que carece de dos aspectos fundamentales: por un lado, no se consultó a nadie, y  por el otro, no se constituye ningún órgano de consulta y participación independientes del ejecutivo federal. El hecho de la disfuncionalidad de los aparatos existentes no quiere decir que se cancelen los mecanismos de participación de los distintos sectores y actores involucrados en materia de ciencia y tecnología. Los contrapesos perdidos anteriormente serán más que necesarios ahora. Por ello, hay que reforzar estos mecanismos de consulta y vigilar que funcionen realmente. Dejar a la junta de gobierno y a la dirección general del Conahcyt como los únicos capaces de decidir las políticas científicas va en contra de los más elementales principios democráticos. El hecho es que el Conacyt pretende eliminar los contrapesos a la hora de decidir las políticas científicas. Se supone que estamos en un gobierno diferente, el de la “cuarta transformación”, donde la participación ciudadana es más imperiosa que nunca, por ello se requiere el establecimiento de un órgano independiente de consulta en el que estén representados los diversos actores como la Rednacecyt, el Foro Consultivo, la Academia Mexicana de Ciencias, las universidades públicas, entre muchos otros. Quizá podría uno nuevo o reforzar alguno existente. Eso se tendría que analizar con detenimiento. Afortunadamente, el coordinador del grupo parlamentario del partido Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, se comprometió en un video difundido en sus redes sociales que tomará en cuenta la opinión de todos los involucrados. Mencionó que se lanzará una agenda consensuada y que no se aprobará nada a espaldas de los investigadores. Hay diversos aspectos involucrados en la nueva propuesta de ley que analizaré en este espacio en próximas colaboraciones. Escándalos vergonzosos en Conacyt Tuvo que intervenir el mismo jefe del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, para que la directora del Conacyt, Ma. Elena Álvarez-Buylla, despidiera a su modista y “científica de saberes tradicionales” Edith Arrieta Meza, quien hasta el 13 de febrero fungió como subdirectora de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM). Asimismo, fue renunciado David Alexir Ledesma, quien hasta el 14 de febrero ocupó el cargo de subdirector de comunicación del Conacyt. Escándalos vergonzosos que son un botón de muestra del influyentismo, amiguismo y compadrazgo, que siguen siendo el orden común a la hora de repartir los puestos al interior del Conacyt. También, quizá sea un ejemplo del nuevo programa que pretende impulsar Conacyt para rescatar los saberes de nuestras comunidades indígenas. Tal vez significa convertir en funcionarios públicos a todo aquél denominado por la misma Álvarez-Buylla como “científicos de saberes tradicionales”. El vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas, señaló que la ahora exfuncionaria no tenía nombramiento, pero aquí muestro la imagen de dicho. Desde hace varios sexenios el signo distintivo del Conacyt ha sido el mal trabajo en materia de comunicación y divulgación de la ciencia. La administración pasada, por ejemplo, a pesar de contar con una planta de casi 30 personas en esa área se subcontrató a una empresa para fungir como agencia de noticias, que cada año nos costaba (a los contribuyentes mexicanos) 20 millones de pesos. Designar a alguien con apenas tres semestres de estudio en el área o colocar a una astrofísica también sin experiencia en comunicación implica una falta de respeto y desprecio a una labor especializada y con una gran función social como lo es la comunicación y la divulgación de la ciencia. Hoy mismo Álvarez-Buylla acudirá a la conferencia mañanera del presidente. Veremos con base en qué argumentos justifica esas contrataciones y cómo lo explica a la sociedad.

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