La jueza de control Patricia Sánchez Nava desechó los datos y medios de prueba presentados por la defensa de los acusados.
Después de 22 horas de debate entre las partes, una jueza federal vinculó esta mañana a proceso a los cuatro excolaboradores de Silvano Aureoles Conejo,, exgobernador de Michoacán detenidos por presunto daño al erario por 3 mil 412 millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil del estado.
En audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Oriente, la jueza de control Patricia Sánchez Nava desechó los datos y medios de prueba presentados por la defensa de Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Administración y Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada Administrativa de la SSPC, quienes quedaron procesados por los delitos peculado, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta.
Durante la maratónica diligencia, los abogados de los imputados presentaron peritos en grafología, lavado de dinero, oficios y pólizas para desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Contraloría de Michoacán, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sin embargo, fueron desechadas.
En el caso del exsecretario de Administración y Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, su defensa alegó que el exfuncionario sólo autorizó tres oficios para realizar pagos a la Inmobiliaria DIP, propiedad del empresario Joaquín Martínez del Campo, a la que se señala de beneficiarse con los contratos de arrendamiento, servicios y la compraventa a sobreprecio de los cuartees en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, y que en algunos casos se falsificó su firma.
Alexander Rubén Castillo, abogado de Maldonado Mendoza, señaló que la entrega de los contratos de arrendamiento, mantenimiento y limpieza, así como el de la compraventa fueron autorizados por el comité y subcomité de adquisiciones del gobierno del estado y no por su cliente.
“Están caricaturizando los contratos para meter a la cárcel a cuatros personas”, reviró el litigante quien rechazó que haya una malversación de los recursos para los cuarteles, ya que en un oficio la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reconoció que a la fecha están habilitados y desde los mismo se organizan acciones y patrullajes para garantizar la seguridad de los michoacanos.
Ante el revés judicial, los imputados pueden recurrir al acuerdo reparatorio con el gobierno de Michoacán, en el que se declaren culpables y regresen una parte del monto dañado al erario, como lo hizo en noviembre de 2024 la Inmobiliaria DIP, que pagó 970 millones de pesos a las autoridades michoacanas para extinguir la acción penal en su contra.
La secretaria de la Contraloría de Michoacán, Azucena Marín Correa, afirmó que ya hubo un planteamiento de acuerdo reparatorio de uno de los imputados, sin embargo, dijo, está valorando pues el objetivo del gobierno del estado es procesar a los cuatro detenidos e ir por el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien está prófugo de la justicia.
Vestido con el uniforme de preso, Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas, compareció ante la jueza y aseguró que “se le achacan malas funciones que están en el reglamento” de la dependencia en la que laboró de 19 de julio de 2017 al 15 de abril de 2019.
La FGR le atribuyó gestionar los pagos a sobreprecio de los cuarteles de la Guardia Civil en los municipios de Uruapan y Lázaro Cárdenas.
Dijo que él sólo dio trámite a cuatro oficios y que la decisión de arrendamiento, contratación de mantenimiento y limpieza para los cuarteles, y finalmente la compraventa de los mismos la tomó el comité y subcomité de adquisiciones. “Ellos determinaron la contratación de la Inmobiliaria DIP. Los delegados sólo somos responsables de la ejecución, nunca firmé ningún contrato de arrendamiento”, indicó ante la jueza.
En tanto, el abogado de Delgado Murillo dijo que su cliente ya no era funcionario público al momento de los hechos que le imputan y cuestionó: “Con cuatro oficios pretenden fincarle cuatro tipos penales. Él elaboró no firmó y aun así sólo gestionó no tomó las decisiones, sólo realizó labores de gestión”.
La defensa de Elizabeth Villegas pidió a la jueza que el acuerdo reparatorio por 970 millones de pesos que el gobierno de Michoacán firmó con Inmobiliaria DIP, que extinguió la acción penal contra la empresa, beneficiaria a los cuatro exfuncionarios detenidos la semana pasada por la FGR.
Sin embargo, la jueza Patricia Sánchez Nava desechó los argumentos y vinculó a proceso a los excolaboradores de Silvano Aureoles, quienes permanecerán presos, y concedió a la Fiscalía General de la República un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Fuente: El Universal