Iniciativa de Morena propone que los aspirantes a cualquier cargo demuestren también que no son deudores alimentarios.
Las personas que hayan cometido violencia de género, agresión sexual o deudores alimentarios, no podrán ser designados para ocupar un cargo público en cualquier orden de gobierno, proponen en el Congreso de Puebla.
La iniciativa de reforma fue planteada en sesión ordinaria del Congreso del Estado por el diputado local de Morena, Iván Herrera Villagómez para modificar diversos ordenamientos de la función pública en Puebla.
El congresista propone adicionar un párrafo para establecer como un requisito que cualquier persona que busque un cargo público deberá presentar una constancia de no tener antecedentes de violencia de género, familiar, sexual o ser deudor alimentario por resolución definitiva.
“Los poblanos tenemos el derecho a ser gobernados por personas que ejerzan con responsabilidad sus funciones, que tengan clara la importancia de la erradicación de la violencia en todas sus formas y manifestaciones”, argumenta la iniciativa.
Esto tiene el objetivo de disminuir, prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres quienes se siguen enfrentando a escenarios de discriminación y desigualdad.
Por ello propone reformar la Ley Orgánica Municipal de Puebla, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado; Ley Orgánica del Poder Judicial; la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
Por otra parte, la diputada de Morena, Karla Victoria Martínez Gallegos propuso adicionar el artículo 29 Bis a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, para aumentar las medidas de protección a mujeres que han sufrido violencia.
La reforma propone instalar brazaletes electrónicos a los agresores de víctimas durante 24 horas para controlar la localización de los responsables según lo determine el juez de control responsable del caso.
“El brazalete se coloca en la muñeca del agresor a solicitud de un juez mientras la víctima porta un receptor electrónico más pequeño que un teléfono”, dice la iniciativa.
Fuente: e-consulta