Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez.

Reservan 5 años declaración; Secretaría Anticorrupción de Tabasco afirma que divulgar datos entorpece investigación; “puede haber mal manejo de datos y arriesgar seguridad pública”.

El gobierno de Tabasco, por medio de su Secretaría Anticorrupción, reservó por cinco años lasdeclaraciones patrimoniales de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal y presunto líder del grupo criminal La Barredora, por lo que será hasta 2030 que la información podrá ser pública.

En respuesta a la solicitud de información hecha por EL UNIVERSAL, el pleno del Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción de Tabasco aprobó por unanimidad la decisión al afirmar que divulgar esta información podría entorpecer la investigación que se le sigue a Bermúdez.

Además, indicó el Comité de Transparencia de la secretaría estatal, se comprometería la integridad física de Bermúdez Requena, así como la seguridad pública, pues existe el riesgo de “mal manejo” de los datos que pueden arriesgar las actividades que la institución de seguridad pública implemente.

“Los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno acuerdan clasificar como información reservada, por el periodo de cinco años, las declaraciones de situación patrimonial y de intereses del exservidor público señalado”.

Con base en esta resolución, las declaraciones patrimoniales de Bermúdez Requena podrán ser públicas hasta agosto de 2030.

En julio pasado, El Gran Diario de México reveló que el Comité de Transparencia de la SSyPC de Tabasco había clasificado la declaración patrimonial de Bermúdez —presuntamente el Comandante H— al argumentar que si se hiciera pública estaría en riesgo su vida.

“Puede alterar las investigaciones”

En el expediente 273195200008925 se indica que esta reserva de información se funda en lo que establece el artículo 105 fracción VIl de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que establece que se considera reservada toda aquella información que pueda causar daño u obstruya la previsión o persecución de los delitos o que altere el proceso de las carpetas de investigación.

“El artículo 105 fracción ViII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, disposición legal en la que se funda la determinación de reserva establece que se considera reservada aquella información que pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción a los derechos del debido proceso en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de una persona denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

“Reservar la información solicitada supera el interés público, hasta en tanto no queden totalmente resueltos los procedimientos y ejecutoriadas las resoluciones emitidas según sea el caso.

“Podría haber mal manejo de datos”

La Secretaría Anticorrupción también argumentó que no es procedente proporcionar la declaración de situación patrimonial y de intereses de Bermúdez Requena, debido a que, advierte, podría afectar las disposiciones expresas por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Tabasco, y estaría sujeta al mal manejo de los datos que podrían comprometer las actividades que la institución de seguridad pública implemente.

“Por ser información relativa al personal que desempeña actividades relacionadas con seguridad pública, y que al brindar dicha información comprometería a la integridad física de una persona, así como la seguridad pública, pues de hacer pública dicha información, estaría sujeta al mal manejo de los datos que pueden comprometer las actividades que la institución de seguridad pública implemente”.

También se argumentó que con la divulgación de esta información se estaría “ante un perjuicio real” al brindar la misma no sólo en cuanto al interés personal de quienes están inmersos en el caso, sino también de las autoridades que investigan los hechos que pueden ser constitutivos de delito, e iría en contra de la propia norma.

Fuente: El Universal