Gobernadores de 31 estados y el Jefe de Gobierno piden a Norma Piña mantener la prisión preventiva oficiosa.

En el documento, los mandatarios estatales advierten que es necesario mantener la supremacía constitucional respecto a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las y los gobernadores de todo el país –incluidas las entidades gobernadas por la oposición- solicitaron a la ministra presidenta de la SCJN Norma Piña Hernández mantener la prisión preventiva oficiosa.

En una misiva firmada por los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), formularon un pronunciamiento en calidad de “Amicus Curiae” respecto de la resolución que deberá emitir el máximo tribunal del país sobre la prisión preventiva oficiosa.

En el documento las y los gobernadores advierten que es necesario mantener la supremacía constitucional respecto a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró inconvencional esa medida cautelar.

Ello con el fin no sólo de impedir la vulneración de nuestra Carta Magna, sino de evitar un grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto.

“No podemos dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.

Señalaron que la figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito.

“Hacemos un llamado respetuoso para que la SCJN considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos por tanto la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual decisión adversa de ese Poder tendría en la seguridad pública de nuestros gobernados”.

Conscientes de la importancia que reviste la observancia del máximo ordenamiento jurídico, nos pronunciamos en calidad de Amicus Curiae, con absoluto respeto a la figura que representa la SCJN.

Lo anterior a efecto de que se considere también el principio de supremacía constitucional, atendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delito, puesto que son ellas quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales.

Fuente: El Universal