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Considerado icono del progreso en Latinoamérica, durante la década de los años 2000, Luiz Inácio Lula Da Silva enfrenta este jueves su inminente ingreso a prisión, acusado del delito de corrupción, por el cual podría asegurar una pena de hasta 12 años de condena.

 El pasado miércoles, el Alto Tribunal determinó dictar formal orden de prisión al ex mandatario, por un estrecho margen de seis votos contra cinco; hecho que puso punto final a la última oportunidad de Da Silva para obtener su libertad.

Dicho anuncio, provocó una serie de reacciones divididas entre la ciudadanía, ya que una parte apoya al ex mandatario, mientras que otra considera la pena para Inácio como un punto crítico en la forma de probar que funciona la justicia brasileña.

Muchos lo interpretarán como la señal de que las investigaciones judiciales contra la corrupción no se van a detener y que los tribunales han sentado un ejemplo ante la sociedad demostrando que nadie está por encima de la ley, pero también resonarán de nuevo las voces que consideran a Lula sólo un chivo expiatorio dentro de un sistema político donde casi ninguna figura de relevancia está a salvo de sospechas“, reconoció el organismo político al que pertenece Lula mediante un comunicado de prensa.

Crónica de un juicio por corrupción anunciado

La sentencia contra Da Silva echa por tierra sus pretensiones por obtener la candidatura a la Presidencia de la República, la cual de acuerdo con diversas encuestadoras ya era un hecho casi anunciado.

De acuerdo con diversos especialistas, es posible que su paso por la cárcel sea breve, debido al peso político que conlleva el encarcelamiento de una figura con esta relevancia y también a que la defensa del ex mandatario anunció que aún le quedan algunos ases bajo la manga.

Ante este panorama, los abogados del expresidente presentaron al Supremo Tribunal Federal, un recurso para pedir que se aborde de nuevo la cuestión de la constitucionalidad del encarcelamiento de condenados sin sentencia firme, pues de acuerdo con diversas opiniones este hecho frustraría a la sociedad y terminaría por minar los esfuerzos por construir una democracia sin corrupción, proceso que ha intentado Brasil durante los últimos años.

Vale mencionar que este caso salió a la luz pública, debido a que se dio a conocer que el ex mandatario es dueño de un lujoso apartamento en una exclusiva zona en la localidad de Guarujá, el cual supuestamente es fruto de un jugoso negocio que realizó para beneficiar con una obra pública a la empresa constructora OHL.

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